El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 17044 del 28 de Agosto de 2017, ordenó la apertura de una investigación administrativa preliminar a la Universidad del Atlántico por “presuntos hallazgos de tipo financiero”.
De acuerdo con la resolución la también indagará al representante legal, rector y directivos de la institución universitaria.
El Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, mediante oficio 2016-IE-046092 del 19 de septiembre de 2016, remitió al Grupo de Investigaciones Administrativas el informe de la visita realizada a la Universidad, que contiene evidencias y/o hallazgos de carácter financiero, relacionadas con el presunto incumplimiento de los principios, objetivos y calidades señaladas en el plan general de contabilidad pública, en cuanto se refiere a información de estados financieros no confiables, desde 2007 a la fecha.
Así mismo, por algunas inconsistencias con la depuración de la información contable de la institución, entre otros aspectos financieros que presuntamente puedan generar una indebida conservación y/o aplicación de rentas.
La misma Subdirectora, mediante comunicación interna 2017-IE-018632 del 26 de abril de este año, remitió a la Subdirección de Inspección y Vigilancia “requerimiento 04 incumplimiento acuerdo reestructuración de pasivos, incumplimiento compromisos y requerimientos Comité de Vigilancia”, de Uniatlántico, suscrito por la promotora de dicho acuerdo, en la cual hace alusión a presuntas irregularidades de carácter financiero,
Por otra parte, mediante oficio 2017-IE-025967 del 6 de junio de este año, el Grupo de Mejoramiento Institucional de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN, remitió al Grupo de Investigaciones Administrativas el informe de auditoría expedido por Lenin Vizcaino Sierra, en su calidad de Subcontralor Departamental del Atlántico, donde relaciona unos presuntos hallazgos de incidencia fiscal.
Por este motivo, el Ministerio resolvió designar como funcionaria investigadora a Ana Milena Doncel Vásquez, profesional especializada de la subdirección de Inspección y Vigilancia, para que adelante el proceso administrativo y sancionatorio.
De igual forma, Mineducación precisó que este acto administrativo no procede recurso alguno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso.
Señaló que la resolución ya fue comunicada al Consejo Nacional de Acreditación y a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para las acciones que correspondan a su competencia.
