La Agencia de Defensa del Estado también denunciará a abogados que promuevan demandas «temerarias».
El Gobierno está estudiando varios posibles cambios al Código Contencioso Administrativo, pues a su juicio, este les brinda más garantías a los particulares para demandar que al Estado para defenderse.
Luis Guillermo Vélez, el nuevo director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, quien se posesionó hace poco más de un mes en el cargo, indicó que las modificaciones que propondrán serán dadas a conocer pronto en un foro sobre el tema.
“Lo cierto es que en esta materia el Estado está jugando con una cancha desbalanceada. El arco del Estado acá es cuatro veces más grande que el arco de los demandantes”, dijo, y añadió que las normas están sesgadas a favor de quienes actúan legalmente contra el establecimiento y muchas veces dificultan la defensa.
El resultado es una avalancha de acciones legales cuyo número llega al medio millón y en las cuales el monto pretendido que correría por cuenta del erario, si el fallo es en contra, alcanza a $326 billones (casi una tercera parte del PIB colombiano), sin contar en este una acción de grupo que pretende representar a todos los desplazados del país, por una indemnización de $3.057 billones y que Vélez considera tendrá sentencia favorable para su oficina por lo descabellada que resulta.
En ese sentido, reveló además que ya le dio instrucciones a su equipo para que comience a denunciar ante la Judicatura a los juristas que presentan “demandas frívolas, por cuantías exorbitantes, para que sean sancionados por faltas éticas contra la profesión”.
Solo en el 2016, el Estado pagó $1,2 billones por demandas: $1 billón correspondió a fallos en contra, $227.000 a conciliaciones y $27.400 millones a laudos arbitrales. Sin embargo, Vélez resaltó que se han ahorrado más de $42 billones gracias a la acción de su agencia.
En un ranking de las demandas más grandes figuran una por $22 billones por el cobro de multas y tramites de tránsito en Sampués (Sucre) y otra de $14,5 billones por los perjuicios del derrame de petróleo en Coveñas,que, curiosamente, fueron presentadas por la misma abogada.
También están las que han presentado víctimas de captadoras ilegales, por $6,7 billones, otras por la venta de ISA ($5,7 billones), por afectados de altas tarifas de telefonía móvil ($4,8 billones) y tres demandas de los socios de Saludcoop que suman 4,2 billones, entre otras.
