Estudiantes de Uniatlántico exigen examen “serio” para retornar al bloque H

Giovanny Escudero 

POR WILLIAM CANO MORENO
 
La Universidad presentó ayer el resultado preliminar de la revisión al edificio donde se registraron las vibraciones. La Rectoría analiza reubicación a la sede de la carrera 43.

A una sola voz, los cerca de mil estudiantes que llenaron ayer el Centro de Convenciones de la Universidad del Atlántico respondieron “no” a la orden de reanudar clases en el bloque H. Exigieron un “estudio serio” que garantice la seguridad de los cerca de 4.600 universitarios que utilizan la edificación de la sede Puerto Colombia.
El Consejo Académico, liderado por la rectora (e), Rafaela Vos Obeso, decidió en sesión del lunes, por “unanimidad”, el regreso de actividades en el edificio que había sido cerrado el pasado 22 de septiembre, tras evacuar a cerca de 1.500 estudiantes que sintieron vibraciones en la estructura. El bloque es utilizado por las facultades de Derecho, Ingeniería, posgrados y también hay oficinas administrativas y decanaturas.
Docentes y universitarios se reunieron en el Centro de Convenciones para escuchar la socialización de los estudios preliminares a la edificación.
El jefe de Planeación, Jhonny Álvarez, y dos profesores fueron los encargados de dar a conocer el informe. Rafaela Vos no estuvo en el acto, lo que causó molestia entre los asistentes. “Siempre es lo mismo. Que venga”, comentaban los estudiantes.
Álvarez afirmó que los resultados de los análisis previos arrojaron que la estructura se “comporta con normalidad”. Agregó que los informes fueron fundamentados en un análisis de diez días. “No tiene filtraciones, es estable”, concluye la investigación.
El funcionario reconoció, sin embargo, que los estudios necesitan de unas “semanas adicionales” para poder tener un “informe completo” que será dado a conocer públicamente. “Lo que nos dicen es que en este momento no hay daños que impidan la utilización del edificio”.
El bloque H, que tiene 6.206 metros cuadrados y 46 salones, costó alrededor de $7.500 millones y está en uso desde el segundo semestre de 2010. Las obras fueron contratadas por la Junta de la Ciudadela Universitaria. El ingeniero constructor fue Carlos Vengal Pérez. En mayo de este año también denunciaron filtraciones en el edificio de laboratorios, construido por este mismo contratista.
En desacuerdo
Al final de la presentación los estudiantes y profesores no quedaron a gusto con el informe, pese a que el jefe de Planeación dio un “parte de tranquilidad”.
Hugo Méndez, décimo semestre de derecho, explicó que sí quieren que se reanuden las clases, “pero bajo el principio de seguridad”. “En estos momentos, luego de escucharlos, no tenemos las garantías. Los análisis son insuficientes, no son concluyentes”, afirmó.
Josías Mojica Domínguez, coordinador del programa de Derecho, señaló que los estudios son “respetables, pero admiten contradicción”. “A la comunidad universitaria le genera dudas. Ante eso es mejor que se hagan unos análisis certeros. Y mientras, lo más conveniente es evitar el uso del bloque H”. Enfatizó en que “debe haber” un plan de contingencia por parte de la Rectoría.
Derecho de petición
Un grupo de universitarios elaboró un derecho de petición con tres condiciones. Lo primero que reclamaron es que se contrate una comisión la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, para que estudie las condiciones arquitectónicas y estructurales en que se encuentra el bloque H. La Uniandes fue la misma que detectó las inconsistencias en la colapsada torre del edificio Space de Medellín.
Mientras que la comisión realiza el informe, exigieron que se reubique a los estudiantes y profesores que allí laboran. Plantearon la posibilidad de que sea dentro de la ciudadela universitaria o de que se habilite la sede de la carrera 43 con calle 50, en Barranquilla.
Como tercera decisión, enfatizaron en que, “bajo ninguna circunstancia”, los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas aceptan que continúe la actividad académica en el bloque H, hasta que las comisiones designadas “realicen los estudios pertinentes” y presenten las “conclusiones adecuadas”.
El derecho de petición fue dirigido a la Rectoría, con copia a los consejos Superior y Académico de la Uniatlántico. Así como a la Gobernación del Atlántico, Junta Prociudadela Universitaria, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría.

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