CARTA ABIERTA

 Resultado de imagen para enrique meza ricardo uniatlantico

Barranquilla 26 de septiembre de 2016

CONTINUARÉ DEFENDIENDO EL DERECHO A UNA EDUCACIÓN PÚBLICA CON CALIDAD, LA DIGNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS CONVENCIONALES DE SUS PROFESORES Y TRABAJADORES.

Por: Ubaldo Enrique Meza Ricardo – Ex rector de la Universidad del Atlántico.

Frente a las informaciones de prensa que dan cuenta de una decisión judicial de primera instancia, que aún no está ejecutoriada, contra la cual he interpuesto recurso de apelación y cuya sustentación está siendo preparada por mi abogado para ser presentada oportunamente, considero necesario hacer algunas precisiones ante la comunidad universitaria y la opinión pública en general, que sirvan para aclarar algunas confusiones que alrededor de este tema se han suscitado.

En primer lugar, debo decir que el asunto al cual se refiere la providencia aludida es el relacionado con las pensiones reconocidas en la Universidad del Atlántico durante mi Rectoría, las cuales se fundamentaron en la Convención Colectiva suscrita por la institución en el año de 1.976, y que aún se encuentra vigente según las autoridades competentes que así lo han reconocido en diferentes fallos, sentencias y conceptos por ellas emitidas.

En este orden de ideas la decisión del Juez de primera instancia deberá ser revisada en segunda instancia por el Honorable Tribunal, como parte del debido proceso y continuando en el esclarecimiento de una controversia jurídica que se desarrolla desde hace más de diez años con la denuncia formulada por el entonces Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla quien bajo la Concepción Neoliberal no daba crédito alguno a las Convenciones Colectivas que habían sido posible bajo el modelo de Estado benefactor que no solo las admitía en el caso de los profesores cobijados por ella, sino que además respetaba los derechos adquiridos que bajo su vigencia se habían generado.

Este proceso penal se ha venido dando dentro del marco de la Ley 600 del 2000 en el cual en ningún momento se ha implementado medida de privación de la libertad alguna ni antes ni en los actuales momentos, por cuanto la medida domiciliaria decretada en la Sentencia, no se puede ejecutar en modo alguno, toda vez que esta providencia no está en firme porque contra ella interpusimos recurso de apelación, como viene dicho.

En punto a esta cuestión es importante dejar suficientemente claro que no se me acusa de haberme apropiado de recursos de la Universidad, ni de haber realizado fraude alguno para beneficio personal. Se me acusa es de firmar las resoluciones de reconocimiento de pensiones de unos profesores que tenían derecho a ellas por ser beneficiarios de la convención y que cumplían con los requisitos exigidos para gozar de su pensión por los servicios prestados a la Universidad.

Es decir, mi delito es el de haber acatado el ordenamiento jurídico vigente y de respetar los derechos adquiridos a través de una Convención Colectiva firmada en el año de 1976 cuando el suscrito era apenas un estudiante primíparo del programa de economía de nuestra alma mater, y que hoy en mi condición de profesor, ni antes como Rector, no he sido, no soy ni podré ser beneficiario de la misma por cuanto a mí no aplica por razón de la época en que ingreso a la Universidad como Profesor en el año de 1987, lo que permite dejar por fuera de toda duda cualquier posible conflicto de intereses o de tráfico de influencias al haber otorgado dichas pensiones.

¿Si no he robado nada, ni he defraudado a la Universidad y por el contrario he defendido los derechos adquiridos de los profesores y trabajadores, en cumplimiento del juramento hecho al momento de posesionarme como Rector de la Universidad del Atlántico, de respetar la Constitución Política de Colombia, las leyes y en general el ordenamiento jurídico vigente, cuál es la verdadera razón de este debate jurídico? El meollo del asunto tiene que ver con el debate sobre el modelo de Universidad que defiendo de rentabilidad y de responsabilidad social contrapuesto al que ha impuesto el Ministerio de Hacienda de rentabilidad financiera, de desconocimiento de los derechos adquiridos y de reducción del presupuesto para la Universidad Estatales, este si causante de la crisis de la Universidad Pública y en particular la de la Universidad del Atlántico.

Crisis esta que se refleja en el aumento de las matrículas, reducción del bienestar de los estudiantes, despido masivo de trabajadores, flexibilización de la contratación, limitación de las funciones misionales de docencia, investigación y proyección social, lo que trajo como consecuencia la no acreditación institucional, el estar alejada de los primeros lugares en donde encontramos las mejores Universidades del país y postrada en un raquitismo académico que no la deja tener una incidencia protagónica de participación y opinión en los temas transcendentales de la región y del país dejando de jugar un papel que otrora le fue reconocido.

Para entender mejor lo planteado anteriormente, es necesario hacer un poco de historia. La estrategia a la cual recurrió el Ministerio de Hacienda para ocultar su responsabilidad y obligación legal de hacer sus aportes a la Universidad del Atlántico, fue la siguiente:

Una arremetida judicial en mi contra que se genera porque me rehusé a firmar el tristemente célebre convenio de concurrencia, en el que se pretendía excluir a los jubilados convencionales, y por lo tanto desconocer los derechos colectivos vigentes, sin que mediara decisión judicial alguna; propuesta que en mi condición de Rector rechacé con vehemencia porque este despropósito estaba dirigido a que la Universidad asumiera la sostenibilidad del pago de las pensiones de los docentes y servidores y por esa vía descargarse de la responsabilidad que le correspondía por ley a ese Ministerio y al Departamento del Atlántico, y como consecuencia golpear las finanzas de la Universidad y llevarla a su descalabro e insolvencia financiera.

Lamentablemente, al salir de la rectoría, el 5 de abril de 2001, la persona que me reemplazó y animado por el gobernador de ese entonces, Ventura Díaz, terminaron firmando dicho convenio de concurrencia, lo que trajo como consecuencia que la Universidad se sumiera en una profunda crisis sin precedentes, por cuenta de haber asumido el pago de las pensiones, que se tradujo en la quiebra económica-financiera y que posteriormente se le impusiera, con la aquiescencia del Rector del momento, acogerse a la Ley 550, lo que le otorgó el oneroso mérito de ser la única Universidad Pública Colombiana sometida a tan indigno trato ya que este procedimiento fue diseñado para las instituciones mercantiles y no para las casas de estudios y proveedoras de ciencia.

La validez de mis argumentos fundamentados en mi visión anticipada y las asesorías recibidas de expertos actuarios, en contraste con la posición ingenua de quienes creían que la firma del Convenio era la salvación, aunada a la solidez de mis principios que le dieron fuerza a mi posición de defender los intereses de la Universidad, me llevaron a mi actitud de no firmar el Convenio de Concurrencia, pese a las consecuencias que ello me acarreó por parte de la arremetida que el Ministerio de Hacienda me hiciera, “a manera de cuenta de cobro” al demandarme por haber otorgado las pensiones a quienes habían adquirido ese derecho.

Esta acertada decisión me fue corroborada, con el fallo de la Justicia Contenciosa Administrativa, al reconocer a los pensionados convencionales, lo que obligó al Ministerio de Hacienda a reintegrarle a la Universidad unos $440 mil millones de pesos aproximadamente, suma retenida por varios años de manera ilegal, al aplicar el funesto Convenio de Concurrencia, lo que trajo como consecuencia la ausencia de recursos para cubrir las obligaciones necesarias para el normal desarrollo de la Institución y fundamentalmente la no acreditación institucional que requería importantes inversiones que no se pudieron hacer oportunamente.

La decisión del Tribunal demuestra que mis decisiones como Rector en el terreno de las pensiones y del férreo acatamiento del ordenamiento jurídico fueron totalmente en derecho, mientras que todo indica que el Ministerio de Hacienda incumplió la ley junto con los que firmaron el Convenio de Concurrencia y además entró en desacato y, sin lugar a dudas, incidió en la quiebra de la Universidad, lo que me reafirma que tuve la razón al no firmar ese ilegal convenio de concurrencia.

Cuando además las autoridades competentes, es decir, Jueces de la República, Tribunal Administrativo del Atlántico y Consejo de Estado en criterio unificado, al igual que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, han declarado en sus decisiones y sentencias, la legalidad de las pensiones reconocidas por mi persona en condición de Rector y en el caso particular del Fiscal 45 Delegado ante el Tribunal de Bogotá, en actuación de segunda instancia, igualmente reconoce la legalidad de las pensiones convencionales reconocidas, dejando pendiente solo 9 pensiones con respecto a las cuales había que orientar la investigación a partir de ese momento para esclarecer cuestiones de procedimiento, limitando con ello la actuación del Fiscal de primera instancia que erráticamente había hablado de 127 pensiones supuestamente irregulares que ahora han sido retomadas, en contravía de la decisión de segunda instancia, por el Juez que acaba de proferir la sentencia que estamos impugnando.

Es por ello que a pesar de toda la desinformación y la persecución jurídica y politiquera y del lamentable papel que algunos personajes que han estado en la rectoría de la Universidad, impuestos desde afuera y de algunos asesores internos, quienes siendo unos profesionales expertos, a sabiendas de que la convención colectiva es un pacto que está vigente y no se puede desconocer y que los fallos corroboran dicha vigencia, lideraron la realización de una serie de demandas que congestionaron al órgano jurisdiccional y que todas han sido falladas en contra de la Universidad, gracias a su errática estrategia jurídica de desconocer la legalidad y por ello dicha actuación ha generado costosos procesos por los altos honorarios que se les pagan a abogados, además de las indemnizaciones que la Universidad ha tenido que cancelar por cuenta de unos despidos realizados de manera injusta e ilegal y cuyos afectados ganaron sus respectivas demandas de reintegro, por lo que creo que estos funcionarios de dudoso comportamiento deben ser objeto de investigación, debido a que sus conductas tipifican actos que generaron, aquí sí, un gran detrimento económico a la Universidad, por lo cual estimo la posibilidad de que la Institución ejerza acciones de repetición contra ellos al igual que contra los abogados.

Nuestra conciencia está tranquila porque estamos seguros de haber actuado con honestidad y transparencia y hemos sido fieles a la Constitución y a la ley y por esa razón confiamos que en este último asunto que se investiga también brillará la justicia como aconteció en casos ya resueltos de manera definitiva a nuestro favor como fueron los relacionados con las Conciliaciones y la negociación de los Bonos pensionales, en donde no solamente me absolvieron y nos precluyeron de toda responsabilidad en materia de detrimento del patrimonio público o peculado, demostrándose que en nuestra trayectoria como funcionario público nunca hemos cometido actos de corrupción alguno, sino todo lo contrario, en dichas sentencias se resalta y se reconoce que como Rector actué diligentemente, resguardando, con mi apego a la ley, el patrimonio de la Universidad y defendiendo dignamente sus intereses.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.